Contribuimos al conocimiento, debate y promulgación de políticas sobre identificación de Beneficiarios Finales

Lo registros de beneficiarios finales son aquellos que recaban la información de las personas humanas que en última instancia poseen parte del capital o bien ejercen el control directo o indirecto de una persona y/o estructura jurídica.

Dota de transparencia el tráfico mercantil, brinda seguridad jurídica en las contrataciones al permitir conocer quien efectivamente esta del otro lado, permite calcular correctamente las bases imponibles para el pago de impuesto, permite conocer quiénes son los verdaderos dueños detrás las mega estructuras societarias, muchas veces utilizadas para canalizar flujos financieros ilícitos, permite descubrir lavadores de dinero, narcotraficantes, terroristas y/u otros delitos complejos. 

El Reino Unido, Dinamarca y Ucrania ya ofrecen registros públicos accesibles online de los beneficiarios finales de empresas.

La Unión Europea le exigió a todos los países miembros establecer registros públicos de beneficiarios finales para el 2020. 

En América Latina, Costa Rica, Paraguay, Nicaragua, Perú, Colombia, Panamá, Uruguay, entre otros, ya cuentan con registros de beneficiarios finales.

Argentina, ha avanzado mucho en los últimos años, desde la unificación conceptual para todos los sujetos obligados, como la implementación por parte de la Administración tributaria, AFIP) de un régimen informativo sobre beneficiarios finales de todas las personas y estructuras jurídicas que operan en el país. Actualmente se encuentra en proceso parlamentario el proyecto de ley que crea el Registro nacional de beneficiarios Finales.

Son un paso muy importante en el combate de los flujos financieros ilícitos. Es una gran herramienta para disuadir que las jurisdicciones sean utilizadas por las organizaciones criminales. Contar con registros públicos, accesibles y gratuitos, permitirán a la justicia, los periodistas y a la sociedad civil, desentramar estructuras creadas para ocultar a los verdaderos y hacer una verificación cruzada de la información, dotando de transparencia a los sistemas jurisdiccionales.